03/02/2012

El ajuste se garantiza con represión

Correpi

A pocas semanas de que la presidenta anunciara su plan de emergencia económica y ajuste dirigido al "endeudamiento de las provincias", ya se empiezan a hacer visibles los conflictos que genera el plan económico que se decide a implementar el gobierno

A sólo una semana de estos anuncios, fue noticia cómo se reprimía en Río Gallegos a los estatales por protestar contra un paquete de medidas de ajuste que atentan contra el empleo, las condiciones laborales y el salario.
Luego, se anunciaron los despidos de, por lo menos, 4.000 empleados públicos en la provincia de Río Negro.
Pocos días después, en Trelew, una protesta de camioneros contra el despido de 170 trabajadores, por parte de la empresa de gas Camuzzi, fue reprimida por la policía, en cumplimiento de una orden judicial de desalojo. La represión, que concluyó con veinte trabajadores heridos, fue realizada por la Comisaría 2ª.

Al parecer, tan desprolijo fue el accionar de la policía y sumado a que se trataba de trabajadores agremiados al sindicato de Moyano, que el gobernador puso en disponibilidad al jefe del operativo, comisario Juan Carlos Contreras, por actuar con "demasiado celo" ante la orden de la justicia. Claramente la actitud no fue la misma ante la represión de los trabajadores estatales en Santa Cruz, dos semanas atrás.
Al margen de las internas en el partido de gobierno, lo cierto es que hay una política de ajuste real que provoca la reacción de los sectores de trabajadores que ven pesar sobre sus espaldas la crisis económica.
Acompañando estas medidas, que no son más que la implementación del plan económico nacional, desde el gobierno llaman a los gremios a "actuar con racionalidad" y callarse la boca o, de lo contrario, vendrán los palos para los menos obsecuentes e indisciplinados.

Así, mientras el ajuste va golpeando a los trabajadores en los distintos puntos del país, los funcionarios acercan planes de negociación a los sindicatos que prevén un congelamiento de las paritarias cerrando con un aumento del 18%, cifra muy por debajo de las necesidades, si se mira la inflación y la falta de reacomodamiento del salario al menos en el último año.

Parte del plan, además, es cerrar una canasta básica acordada con los gremios y las empresas de acuerdo a las cifras del INDEC. Lo que es bastante desalentador ya que parte de esas cifras oficiales desprendidas de la "encuesta anual de hogares", contempla la situación de que un cuarto de la población, el 11,3% de las personas, viven con $27 por día. ¿Esta será la canasta de subsistencia que propondrán para los trabajadores?
Claramente, las condiciones a las que quieren someter al pueblo trabajador para garantizar las ganancias de los empresarios, no serán aceptadas por quienes se disponen a defender sus condiciones de dignidad y su trabajo.
Será tarea entonces, seguir enfrentando con la lucha el ajuste y la represión.

Bonafini, embajadora kirchnerista para buscar consenso
La Patagonia, escenario de incansables luchas de los trabajadores ante el plan de ajuste nacional, recibió hace una semana la visita de Hebe Pastor de Bonafini para "sellar un compromiso" con el kirchnerismo.
La propia Bonafini puso en palabras el objetivo de una política de cooptación que el gobierno puso en funcionamiento en 2003 y que aún hoy sigue rindiendo sus frutos, cumpliendo el mismo rol de "embajadora" kirchnerista que la llevó a Santa Cruz junto a Sergio Schoklender, en marzo de 2006, después de la ocupación militar y torturas en pleno conflicto petrolero, a oficiar de "mediadora" entre los trabajadores y el gobierno.
Así, mientras desde el gobierno se viene reprimiendo cada lucha, ejecutadas por los diferentes gobiernos y fuerzas provinciales, a lo largo y ancho del país, el kirchnerismo se da el lujo de lavarse la cara en las palabras de quienes hace ya tiempo, abandonaron la lucha.

Hebe de Bonafini, en la movilización en Río Gallegos, acompañada de varios funcionarios, agitó a la juventud a cantar y gritar "apoyamos el proyecto nacional y popular".
Pero por más que griten e intenten que se mire para otro lado, las balas y los palos de la represión se siguen enfrentando hoy con los trabajadores y el pueblo que pelea por su dignidad.

Un acto no podrá borrar de las mentes santacruceñas la militarización en Las Heras, la represión a sus maestros, el encarcelamiento a sus luchadores. Hechos que se enmarcan en una realidad que ni las palabras de Bonafini ni la artillería propagandística completa del "gobierno de los DDHH" pueden ocultar: los 17 asesinados en movilizaciones, los más de 5.000 procesados por luchar y los cinco presos políticos.

Polivioladores, polichorros y politorturadores.
La misma comisaría de Trelew de la primera nota volvió a ser noticia al día siguiente, cuando se supo que diez policías habían torturado a un joven de 16 años. Además de los golpes que le propinaron, lo violaron con una tonfa (bastón reglamentario). Lo habían detenido porque lo encontraron discutiendo con su novia. Esta es una de las consecuencias del sistema de detenciones arbitrarias que impera en todo el país y que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Bulacio", viola los tratados internacionales de derechos humanos.

Seguramente, como también informa el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aplica la Convención contra la Tortura, el tribunal que entienda en la causa, calificará la conducta policial con alguna figura menor, para evitar decir que en democracia también se tortura.
Sin embargo, estos no son hechos aislados. Como denunciamos desde CORREPI, constantemente se conocen hechos que logran superar el cerco mediático, y que involucran a la policía en la comisión de todo tipo de delitos.

Entre los más recientes, en la Ciudad de Buenos Aires, un sargento de la Policía Federal, Jesús Walter Yapura, fue detenido por intentar violar a un menor de 14 años en el baño de la estación de subte Congreso de Tucumán, de la línea D. Este policía ya había sido indagado en una causa por torturas, en julio de 2010, protagonizada por agentes de la comisaría 23ª, de Palermo, y en la que la subinspectora Natalia Verón aplicó picana eléctrica a los tres detenidos torturados. También, como suele suceder, la tentativa de violación fue recaratulada como un delito menor (abuso deshonesto), la impunidad de ayer permitió decir "no tiene antecedentes", el hecho de ser policía sirve para afirmar "posee trabajo estable con buen concepto de sus superiores", y ya la cámara de apelaciones ordenó la libertad del policía pedófilo, que ahora, desde los medios, se da el lujo de amenazar a su víctima y a sus padres.

El 5 de enero, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, seis policías detuvieron y torturaron a Juan José Reynoso, un joven de 23 años. Lo llevaron a la comisaría porque no poseía los papeles de la moto que conducía. Una vez allí, lo golpearon hasta que convulsionó y perdió el conocimiento.

Por último, esta semana se pudo conocer también el caso de un policía federal, detenido en la costa por asaltar turistas, sumándose así a otras noticias de este año, de policías robando en las zonas de veraneo.
Estos casos se multiplican por todo el país, todos los días. Muy pocos logran superar el silencio cómplice de los medios de desinformación masiva. Policías cometiendo todo tipo de delitos, organizando y administrando actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas, el robo de automotores, etc., evidencian que "inseguridad es la policía en la calle".

 

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